La responsabilidad del Estado argentino por violar los derechos humanos de las víctimas del atentado contra la mutual judía AMIA fue ratificada hoy por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A la condena se añadieron las violaciones al “derecho colectivo a la verdad” y se dispuso que el Estado argentino “debe comprometerse con las investigaciones y las medidas de reparación”, según fue decidido por el tribunal internacional.
El reclamo formulado por la agrupación de víctimas y familiares Memoria Activa, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fue acogido por la Corte IDH.
Se obliga a Argentina a realizar “reformas estructurales sobre el uso de la información de inteligencia en las causas judiciales y sobre el acceso a la documentación” mediante el fallo.
La sentencia sostiene que “las autoridades estatales no pueden ampararse en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o procesos pendientes”.
Por capítulos del fallo, se condenó al Estado por avanzar sobre “la violación del derecho a la vida por la falta de prevención del atentado, por no investigar debidamente ni el atentado ni el encubrimiento, por violar el derecho a la verdad histórica y el derecho a la información, y por sus responsabilidades en el encubrimiento”.
Además, el fallo ordena que el Estado argentino “remueva todos los obstáculos para investigar el atentado y el encubrimiento en un plazo razonable”.
También se deberá cumplir por el Estado argentino con la “construcción de un archivo histórico público sobre el atentado, el encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas”.
Por no haber garantizado un acceso real a los archivos estatales con documentación sobre el atentado y por haber encubierto el atentado y obstaculizado su investigación, se afirmó que “el Estado vulneró el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad”, según afirmó la Corte IDH.
“El Estado violó el derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas identificados en la sentencia”, se amplía en el texto.
En octubre de 2022, la Argentina reconoció su responsabilidad internacional por los hechos en audiencias celebradas en Montevideo.
Ese reconocimiento fue valorado por la Corte y destacado como “una contribución positiva al desarrollo del proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención y a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas”.
