Pepín Rodríguez Simón, el prófugo que cubre Héctor Magnetto

«Pepín» Rodríguez Simón. El prófugo que cubre, cuida y mantiene lejos de la justicia Héctor Magnetto y lejos de Servini es Héctor Magnetto el enemigo N 1 de Argentina.

Macri simplemente es un «empleaducho» del siniestro «Mañeto», el dueño de los fideicomisos que tiene en EEUU la fortuna de los herederos del grupo Clarín, los «boluditos eternos» como los llama Héctor en la intimidad a los hijos de Ernestina Herrera de Noble.

El objetivo de Mañeto «es que no llegue a la Argentina Pipín nunca» para que no hable, le dijo a este medio un estudioso de la causa, «el prófugo llega y habla y mañeto está en problemas, por eso lo cubren tanto», «es imposible que Pipín este al aire en TN».

Más que Macri el temeroso es Héctor Magnetto, que sabe que si Pepín abre la boca,  puede comenzar su derrotero final.

El Tribunal de Apelaciones de Uruguay volvió a rechazar el pedido del ex asesor de Mauricio Macri, Fabián «Pepin» Rodríguez Simón, para ser considerado como refugiado político en ese país. El tribunal desestimó el pedido, al igual que lo había hecho previamente la jueza en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno Adriana Chamsarián.

Rodríguez Simón es investigado en la justicia argentina por el delito de supuesta extorsión a los dueños, Cristóbal López y Fabián De Sousa, del Grupo Indalo durante el gobierno de Cambiemos.

Se encuentra prófugo de la justicia argentina, luego de que la magistrada María Servini reclamó su captura internacional tras no presentarse a declarar el 19 de mayo de 2021.

“De conformidad a los claros fundamentos señalados, se considera que quedó plenamente acreditado que el promotor no se encuentra en una situación de desprotección que merite reconocerle la calidad de refugiado, al no resultar fundados sus temores y apreciarse que los requerimientos judiciales de la República Argentina que recaen sobre su persona, no resultan arbitrarios ni ilegítimos, por el contrario se relacionan con la actividad de la función judicial competente en un Estado soberano y democrático”, afirmó el fallo.

 El grupo Clarín cubre a un prófugo de la justicia

Su abogado

El abogado de Rodríguez Simón, Jorge Díaz, anticipó que tras esta nueva negativa presentará un recurso de casación.

El ex asesor de Macri, acusado de una maniobra de «hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo», también había presentado un pedido de hábeas corpus que le fue denegado.

Al pedir su detención, Servini advirtió que Rodríguez Simón cuenta con medios y relaciones para eludir la acción judicial, mientras que «pudo viajar a la República Oriental del Uruguay, incluso con las restricciones que tenía establecidas el vecino país, lo que demostraba el arraigo que tenía fuera del territorio nacional».

El exasesor de Macri permanece en suelo uruguayo desde el 8 de diciembre del 2020 y la jueza María Romilda Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del 2021, luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los medios que se encontraba en ese país y que no pensaba presentarse a la indagatoria a la que había sido convocado, algo que luego ratificó su defensa por escrito.

Cuando lo declaró en rebeldía, Servini remarcó que el exfuncionario «dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021» y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria.

Servini planteó que el dirigente macrista tuvo pleno conocimiento de la existencia del expediente desde mediados de 2019 y se pudo defender en ese terreno con todas las garantías de la ley, por lo que resulta de imposible comprensión el planteo referido a su supuesto temor de ser detenido en forma indebida.

«Fabián Rodríguez Simón tiene herramientas procesales en el país (de diverso tipo) para articular estos planteos dentro del ámbito del proceso penal, es decir, del Poder Judicial de la Nación, poder autónomo del poder político respecto del que presenta o plantea sus sospechas (Art. 1 de la Constitución Nacional)», remarcó la magistrada en aquel entonces.

En este expediente se investiga «la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción», según surge de la imputación que obra en la causa.